El pasado 5 de abril la ONG WikiLeaks dio a conocer un video donde se aprecia como un grupo de civiles desarmados, entre ellos dos empleados de la Agencia de Noticias Reuters y dos menores de edad que resultaron heridos, eran masacrados desde un helicóptero del la Fuerza Aérea de los EE.UU. El crimen ocurrió en el año 2007 y en aquel entonces el Gobierno Estadounidense calificó el hecho de un daño colateral, ya que habían sido víctimas de un fuego cruzado entre soldados americanos e insurgentes iraquís.
En tanto, al día siguiente de este escándalo contra el militarismo norteamericano, en México el Ejército no se quedaba atrás y daba una de las más brutales muestras de lo que al Sur del Río Bravo entendemos por daño colateral. Una familia era ametrallada dentro de su vehículo al pasar por un retén del Ejército, a pesar de que los adultos hicieron señas para indicar que eran civiles desarmados y que a bordo del vehículo se encontraban menores de edad, los militares mexicanos respondieron con fuego de fusiles de asalto e incluso con una granada. El tiroteo cesó hasta que otro grupo de militares intervino y pidió disculpas por lo sucedido, lamentablemente hubo dos menores muertos y dos adultos heridos.
Aunque podían parecer hechos aislados, en realidad ambos eventos son expresión de un mismo fenómeno: el militarismo promovido por Norteamérica para proteger sus intereses estratégicos. Recordemos que actualmente Canadá, EE.UU. y México conducen su política interior y exterior en función del Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, acuerdo que sin tener el estatus de tratado internacional (no fue aprobado por el poder legislativo de ninguno de los 3 países) es evidente que tiene más fuerza en los hechos que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Con el ASPAN, los gobiernos de norteamérica buscan crear un frente común contra otras potencias económicas como son la Comunidad Europea, el Mercosur y las naciones asiáticas, este frente incluye la defensa armada de sus intereses económicos, no de sus pueblos claro está sino de las principales empresas de los tres países.
Tanto en Canadá como en EE.UU. se han acotado los derechos humanos de sus ciudadanos a través de reformas legislativas aprobadas después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. En el caso de México, la resistencia popular frenó parcialmente la aprobación de la llamada Ley Gestapo, sin embargo, con el pretexto del narcotráfico, el gobierno de Calderón echó mano del Ejército para realizar tareas de Seguridad Pública que se han traducido en violaciones constantes a los derechos humanos y una muy peligrosa criminalización de la protesta social.
Por lo tanto, no es extraño que la forma de operar de las fuerzas armadas de los tres países sea muy similar, tanto en las Guerras de Afganistán e Irak, como en la Narcoguerra Mexicana, los militares están aterrorizando a la población civil más que luchando con terroristas y narcotraficantes. Mientras el número de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos se eleva, también lo hacen el tráfico de drogas y armas, para muestra dos botones: Durante el gobierno Talibán en Afganistán el tráfico de morfina casi se erradicó, pero con la invasión norteamericana este creció a niveles aun mayores a los del periodo anterior al gobierno Talibán. En México, tal parece que el único favorecido de la narcoguerra es el Cartel liderado por el Chapo Guzmán, quien recientemente fue catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo, por la Revista Forbes.
Mientras tanto, familias de las víctimas fatales de estas guerras, reciben con impotencia la explicación de que todo fue un daño colateral y un usted disculpe.
L.D. Jesús A. Palma M.
Ciudad de México, Sede del Gobierno Legítimo de México, a 13 abril de 2010.
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