Reproducimos esta nota que apareció el viernes 2 de noviembre en La Jornada donde el abogado Nestor De Buen pone al descubierto un enorme atraco que anula las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras de confianza del sector público.
Es una reforma de facto a la Ley laboral, un atentado contra toda la clase trabajadora. Es por eso que quienes participamos en los Círculos de Estudio convocamos a defender nuestros derechos y prestaciones sociales, a preparar miles de amparos.
La primera acción es reunirnos el próximo jueves 8 de noviembre a las 19 hrs. en el Club de Periodistas convocando al Lic. Arturo Alcalde Justiniani y a nuestra compañera Bertha Luján (secretaria del Gobierno Legítimo), para que nos expliquen en qué consiste el decretazo de la SHCP y cómo nos podemos amparar.
¡Pasa la voz!
Todos y todas estamos convocados.
Atentamente
Círculo de Estudios.
Reproducimos la nota:
La resolución fue aprobada por legisladores “a quienes les pasó de noche”: Néstor de Buen
Decreto de SHCP deja sin prestaciones a los empleados públicos de confianza
“Es una flagrante violación a la Carta Magna y reforma de facto la Ley Federal del Trabajo”
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un decreto para que a los trabajadores de confianza del sector público, tanto del apartado “A” como del “B”, se les quiten todas las prestaciones económicas y en especie contenidas en los contratos colectivos y en las Condiciones Generales de Trabajo de la Administración Pública Federal, resolución que fue aprobada por los legisladores, a quienes esto “les pasó de noche”, y “ni se enteraron de lo que votaron”.
Néstor de Buen, abogado experto en el sector laboral, quien reveló el contenido de esta nueva disposición del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo que ésta representa una flagrante violación a la Constitución, es una reforma de facto a la Ley Federal del Trabajo (LFT), impuesta “sin ruido” y en “lo oscurito”, y elimina de tajo todo el paquete de prestaciones para los trabajadores de confianza de la administración pública.
Una “gran trampa”
Pero además, dijo, se impone esta reforma por medio de una “gran trampa” del gobierno, ya que se emite como una resolución fiscal, cuando es una disposición laboral a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el primero de octubre pasado.
En dicho decreto se señala que, según reforma al artículo 65 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de los contratos colectivos o que se fijen en las Condiciones Generales de Trabajo de la Administración Pública Federal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos medios y superiores y personal de enlace”.
Precisa incluso que “los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regule, serán responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente, durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos, así como durante las revisiones de salario anuales, para que los servidores públicos de mando y personal de enlace al servicio de las entidades queden expresamente excluidos del beneficio de las prestaciones aplicables al personal de base…”
En este sentido, el abogado Néstor de Buen precisó, en entrevista con La Jornada, que probablemente los legisladores ni se enteraron de lo que aprobaron o bien alguno habrá pensado que se trataba sólo de funcionarios a los que se iba a afectar y por eso decidió votar en favor de la resolución; sin embargo, dijo el abogado, es muy ambiguo hablar de “mandos medios” y superiores, ya que sería muy discrecional decir qué trabajador está en una o en otra clasificación.
Además, hay trabajadores de confianza de un sinnúmero de niveles salariales, desde los que llevan a cabo labores secretariales, administrativos, hasta jefaturas de departamento y demás, pero en la realidad es una ley que busca afectar a todos los que no estén sindicalizados e incluso la disposición se podría extender –si sienta precedente– a las empresas del sector privado, explicó.
También hizo ver que en realidad se trata de llevar a cabo el “desmantelamiento” de los derechos laborales de los trabajadores públicos, de ahorrarse millones de pesos en el pago de estas prestaciones, de aplicar en la práctica la reforma laboral y de quitar los beneficios a que tiene derecho todo un bloque de servidores públicos. Pero lo más grave es que en los hechos se está reformando la Ley Federal del Trabajo sin siquiera una discusión previa de los sectores, sino con una medida administrativa.
La respuesta ante “esta canallada” será una demanda de los trabajadores públicos contra esta reforma, la cual ya es preparada por Néstor de Buen, considerado uno de los pilares de la defensa laboral en el país, quien calificó la medida de “un golpazo” para los trabajadores de confianza, una modificación a toda la estructura laboral de los servidores públicos y una forma muy “bárbara” de querer ahorrar dinero.
Planteó que de hecho ya habría entrado en vigor la reforma, pues fue publicada como decreto en el Diario Oficial de la Federación, y podría ser que ya las diferentes administraciones del sector público preparen el “recorte” de los emolumentos para los servidores públicos que estén en estas categorías. Sin embargo, se acelerarán los trabajos para presentar los recursos legales de defensa contra esta enorme acción del gobierno federal.
Finalmente, para Néstor de Buen, la primera violación que comete esta resolución es contra la Constitución General de la República, por lo que ésta debe ser una gran llamada de atención al Congreso, para los legisladores, “quienes muchas veces no saben ni lo que aprueban ni a quién afectan. ¿Qué clase de partidos políticos tenemos?”, se preguntó, y agregó que el gobierno está aplicando “a escondidas” la reforma laboral; se ha dedicado a desaparecer derechos laborales, a deshacerse de sus obligaciones frente a los trabajadores, a quitar la estabilidad en el empleo, desaparecerse de toda obligatoriedad en el pago de pensiones y en general atentar contra los contratos colectivos de trabajo
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